WASHINGTON, D.C. – Joe Gruters,
Presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), emitió la siguiente
declaración después de que el RNC demandara a Nueva Jersey por negarse a
entregar los registros públicos sobre cómo el estado depura sus listas de
votantes:
“Los residentes de Nueva Jersey merecen saber si sus
listas de votantes son acertadas”, declaró el Presidente Gruters. “Unas
listas de votantes limpias y transparentes son esenciales para la confianza en
nuestras elecciones. El RNC está demandando para obtener estos registros y
garantizar que el estado cumpla con la ley”.
Antecedentes:
- El
Comité Nacional Republicano (RNC) presentó
una demanda contra la Secretaria de Estado de Nueva Jersey, Tahesha Way,
por no proporcionar registros públicos sobre las prácticas de
mantenimiento del padrón electoral del estado.
- La Ley
Nacional de Registro de Votantes de 1993 (NVRA) exige a los estados
mantener listas de registro de votantes precisas, y eliminar de sus
padrones a las personas que no cumplen con los requisitos.
- En
marzo de este año, el RNC envió solicitudes
de información a funcionarios electorales de 48 estados y de
Washington D.C. para obtener información sobre cómo los estados mantienen
sus padrones electorales.
- El RNC
ha enviado 18 solicitudes de información a Nueva Jersey para obtener
información sobre los esfuerzos de mantenimiento de las listas del estado,
incluyendo información sobre los votantes que solicitaron ser eliminados
de los padrones. Nueva Jersey no ha respondido a 15 de esas solicitudes.
- La
Secretaria Way se ha negado repetidamente a cumplir con estas solicitudes,
violando la ley federal e impidiendo que los residentes de Nueva Jersey
sepan si sus padrones electorales son precisos y si se actualizan
periódicamente.
- La Ley
NVRA exige que los estados conserven los registros durante dos años, razón
por la cual el RNC solicita registros públicos desde marzo de 2023 hasta
la fecha.
- Este
año, el RNC ya ha presentado dos demandas separadas en virtud de la Ley de
Acceso a Registros Públicos (OPRA) en Nueva
Jersey y una demanda en Hawái por la negativa de funcionarios públicos
a entregar los registros solicitados.
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